Se publicaron 420 noticias en medios de comunicación tradicionales entre el 17 de mayo y el 2 de junio. En ellas, la inmensa mayoría de las notas desde un inicio llamaron al hecho “acto terrorista”, “ataque armado”, entendiendo que se trató de acciones perpetradas por personas adscritas a la minería ilegal, una situación que ya había sido denunciada por la Compañía desde hace mucho tiempo.

Quedó claro en general que la Compañía era víctima del accionar de grupos armados al margen de la ley y que era urgente una intervención del Estado colombiano en Buriticá.

Fueron publicadas 61 noticias en medios de comunicación sobre este tema entre el 4 y el 12 de julio de 2023. En general las narrativas que más se posicionaron en las publicaciones giraron en torno a que la Procuraduría constató que es urgente una intervención del Estado colombiano en Buriticá, que se trata de una situación que se viene acrecentando de manera preocupante, que cerca de un billón de pesos estaría perdiendo el Estado por cuenta de la minería ilegal.

Otras narrativas destacadas mostraron que la Procuraduría calificó como insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la Policía y la Gobernación de Antioquia, para frenar el accionar el Clan del Golfo y que la Mina tiene comprometida gran parte de su infraestructura subterránea, por lo que una intervención del Estado era urgente.

Fueron publicadas 18 noticias que salieron en medios de comunicación entre el 2 y el 3 de octubre sobre ese nuevo ataque. De estas noticias solo dos (2) se pudieron calificar como fuera de contexto y con solo la versión de los mineros ilegales. Las restantes 16 noticias, en general se ciñeron a la versión entregada por la Compañía, lo que demostró la solidez del relato configurado por la Compañía cuando se presentan este tipo de situaciones.

Entre los puntos importantes que se publicaron sobre la situación y que partieron de la información enviada por la Compañía, se destacó que no cesaba la afectación al orden público en Buriticá y el accionar de la minería ilegal en los túneles de la Mina Buriticá; se destacaron también los altos números de detonaciones, el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados y disparos. También se alertó sobre cómo la ilegalidad seguía poniendo en peligro no solo a los empleados, contratistas y activos de la Compañía, sino también a los mismos mineros que desarrollan esa extracción ilícita en condiciones de esclavitud, afectando sus derechos humanos.

Fueron publicadas 15 noticias que salieron en medios de comunicación entre el 11 y el 12 de octubre, informando sobre una nueva afectación por minería ilegal en Buriticá, situación que incluía el desvío de material minero (retrollenado) a la quebrada la mina y la evidencia de mineros ilegales armados defendiendo esta acción ilícita.

Todas las 15 noticias retomaron como hilo conductor la información enviada por la Compañía y no se valoró en ninguna noticia la narrativa que querían imponer los mineros ilegales en redes sociales sobre nuestra culpabilidad en ese derrame de material minero hacia la quebrada.

Entre el 25 y el 31 de diciembre de 2023 se publicaron 13 noticias sobre el retiro de la delegación minera a la Gobernación de Antioquia por parte del Gobierno Nacional de Colombia, un acto que fue tomado por el departamento como una retaliación por la victoria de gobiernos locales y regionales no afines políticamente a Petro y como un retroceso para la descentralización y la autonomía regional.

De esta manera, desde el 1 de enero de 2024 la Agencia Nacional de Minería, ANM, liderada por Álvaro Pardo, reasumió las funciones de autoridad delegadas desde 2001 a la Gobernación de Antioquia.

El 100% de estas noticias hablaron sobre esta nueva situación, describieron el procedimiento legal que la hizo posible y destacaron la importancia de esta decisión, toda vez que involucra a 4 proyectos mineros de interés nacional estratégico (PINES), entre los que está el de Zijin-Continental Gold en Buriticá.

En general se habló de los aportes de estos grandes proyectos mineros para las finanzas del departamento de Antioquia y sus exportaciones y se generó la pregunta tácita de si esto será beneficioso o traerá aún más dificultades en materia de minería ilegal.